En las economías contemporáneas, la capacidad adquisitiva de los hogares depende no solo de la evolución general de los precios, sino también de las condiciones particulares que determinan cuánto deben pagar distintos grupos de consumidores por bienes y servicios comparables. Desde esta perspectiva, la inflación y la diferenciación de precios asociada al género pueden actuar de manera simultánea y producir efectos distributivos desiguales. En Chile, esta relación resulta especialmente relevante cuando se examina el denominado impuesto rosa, entendido como la existencia de precios superiores en determinados productos y servicios orientados al público femenino, aun cuando sus características, composición o utilidad sean equivalentes a las alternativas dirigidas a hombres. No corresponde a un tributo establecido por el Estado, sino a una práctica de segmentación comercial presente en categorías como higiene personal, cuidado corporal, vestuario, cosméticos y servicios vinculados al bienestar (Servicio Nacional del Consumidor [SERNAC], 2021a; Wishart et al., 2024).
A partir de este marco general, la evidencia disponible permite observar cómo esta diferenciación se expresa en situaciones concretas de consumo. En Chile, SERNAC (2021a) identificó diferencias de precios en distintas categorías de productos. Entre los casos examinados se encuentran las máquinas de afeitar dirigidas a mujeres, cuyo precio promedio puede superar al de productos masculinos funcionalmente equivalentes. Asimismo, se observan artículos que, pese a cumplir una función similar, contienen una menor cantidad de producto cuando se comercializan para mujeres, incrementando así el costo efectivo por unidad. Estas prácticas se relacionan con estrategias de marketing que asocian ciertos bienes con atributos culturalmente vinculados a la feminidad, tales como delicadeza, sensibilidad o cuidado personal, y que contribuyen a construir segmentos diferenciados de consumo (SERNAC, 2021a; Wishart et al., 2024).
Esta diferencia adquiere mayor relevancia cuando se desarrolla en un contexto inflacionario. La inflación disminuye el poder adquisitivo porque eleva el costo de los bienes y servicios que integran el presupuesto cotidiano. Sin embargo, sus consecuencias pueden ser diferentes entre grupos sociales debido a desigualdades económicas preexistentes. En el caso de las mujeres, las brechas de ingresos constituyen un elemento que debe considerarse al analizar su capacidad para absorber aumentos sostenidos de precios. Por ello, cuando el costo de alimentos, transporte, vivienda y servicios básicos aumenta, el margen disponible para otros gastos se reduce y las diferencias de precios asociadas a determinados productos femeninos pueden adquirir una importancia proporcionalmente mayor (Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2026; ONU Mujeres, 2025).
En este sentido, la inflación puede comprenderse como un factor que intensifica los efectos económicos del impuesto rosa. Si un producto presenta previamente un precio superior debido a su segmentación por género, un aumento general del nivel de precios actúa sobre una base que ya es desigual. Como resultado, las consumidoras pueden enfrentar una doble presión: por una parte, el encarecimiento general que afecta al conjunto de los hogares y, por otra, la persistencia de diferencias de precios en determinados bienes orientados específicamente a mujeres. Esta interacción puede reducir el ingreso disponible y limitar las posibilidades de consumo y ahorro, particularmente cuando el presupuesto familiar dispone de escaso margen de ajuste (Banco Central de Chile, 2026; ONU Mujeres, 2025).
El efecto de esta presión económica resulta especialmente significativo en los hogares de menores ingresos, debido a que una mayor proporción de sus recursos debe destinarse a cubrir necesidades esenciales. En estas circunstancias, diferencias de precio aparentemente reducidas pueden acumularse a lo largo del tiempo y generar restricciones concretas sobre otras decisiones de gasto. Así, una práctica comercial que afecta a consumidoras de distintos niveles socioeconómicos puede transformarse en una fuente de inequidad más intensa cuando los ingresos disponibles son limitados (ONU Mujeres, 2025).
Un ámbito que permite dimensionar esta situación corresponde a los productos relacionados con la gestión menstrual y la salud reproductiva. Los antecedentes revisados por SERNAC muestran que estos bienes representan desembolsos periódicos que forman parte de la vida cotidiana de muchas mujeres. De acuerdo con los valores informados en los estudios citados, el gasto anual en productos básicos para la gestión menstrual puede situarse entre $53.160 y $70.850. Al incorporar determinadas alternativas anticonceptivas hormonales, el desembolso anual puede aumentar considerablemente, dependiendo del producto y de la marca seleccionada (SERNAC, 2021b, 2022).
La relevancia de estos gastos se comprende mejor al relacionarlos con el nivel de ingresos disponible. Considerando el ingreso mínimo mensual informado para 2026, los desembolsos asociados a estas necesidades deben coexistir con gastos de alimentación, vivienda, transporte y servicios básicos. Además, una parte importante de estos productos responde a necesidades periódicas que no pueden eliminarse con facilidad ante un aumento de precios. En consecuencia, la capacidad de sustituir, reducir o postergar su consumo puede ser limitada, lo que incrementa la exposición de las consumidoras a variaciones de precios y reduce su margen para reorganizar el presupuesto familiar (Dirección del Trabajo, 2026; SERNAC, 2022).
No obstante, esta problemática no debe interpretarse como una experiencia exclusiva de las mujeres de menores ingresos. La segmentación comercial puede afectar a consumidoras de diferentes niveles socioeconómicos. Lo que varía es la capacidad para absorber el sobrecosto. Mientras un hogar con mayores recursos puede incorporar estas diferencias sin modificar sustancialmente otras decisiones financieras, una persona con ingresos cercanos al mínimo puede verse obligada a reducir otros consumos, disminuir su capacidad de ahorro o priorizar gastos esenciales. Por tanto, el mismo diferencial de precio puede producir consecuencias económicas distintas según la disponibilidad de recursos.
Desde una perspectiva de política pública y protección al consumidor, controlar la inflación constituye una condición relevante, pero no suficiente para abordar las diferencias de precios asociadas al género. También resulta necesario fortalecer los mecanismos de monitoreo, comparación y transparencia de precios, de manera que las personas puedan identificar con mayor facilidad productos funcionalmente equivalentes y evaluar las diferencias existentes. Asimismo, la educación financiera y el acceso a información clara pueden contribuir a decisiones de consumo más informadas y menos dependientes de estrategias de posicionamiento basadas exclusivamente en atributos simbólicos (SERNAC, 2021a, 2021b).
De manera complementaria, la discusión invita a examinar cómo se forman los precios de bienes dirigidos específicamente a las mujeres y hasta qué punto determinadas diferencias de empaque, presentación o posicionamiento comercial justifican variaciones en su valor. El propósito no consiste en desconocer la diversidad de productos existentes, sino en promover condiciones de mercado en las que las diferencias de precio respondan a características funcionales identificables y no únicamente a una segmentación basada en género. Este enfoque debe articularse con medidas destinadas a disminuir las brechas económicas estructurales que condicionan la capacidad de las mujeres para enfrentar periodos de aumento sostenido del costo de vida (SERNAC, 2021a; Wishart et al., 2024).
En síntesis, el análisis deductivo permite avanzar desde el fenómeno general de la pérdida de poder adquisitivo hacia una expresión específica de desigualdad en el consumo. La interacción entre inflación y diferencias de precios asociadas al género puede generar una presión económica acumulativa que afecta el ingreso disponible y la capacidad de decisión financiera de las consumidoras. Aunque sus consecuencias varían según el nivel de ingresos, la evidencia revisada justifica mantener esta problemática dentro de la discusión sobre protección al consumidor, equidad económica y políticas públicas. En este marco, resulta pertinente continuar investigando la magnitud y evolución de estos diferenciales de precios en Chile, así como sus efectos sobre distintos grupos de mujeres, con el propósito de disponer de evidencia que contribuya a mercados de consumo más transparentes y equitativos (ONU Mujeres, 2025; Wishart et al., 2024).
